El 10 de diciembre de 2019 el Consejo General del Poder Judicial publicó una nota de prensa que anunciaba la condena por el tour de La Manada. Esto volvió a poner el caso en todos los medios de comunicación nacionales, cuya información giró en torno a las valoraciones de la propia nota.
Observando su contenido, nueve de los quince párrafos inciden en la versión de la acusación. De la Fiscalía solo menciona que reclamó la absolución. Respecto a la defensa se posiciona como sigue:
Para la magistrada, todo ello pone de manifiesto que, acreditados los hechos por los que se mantenía la acusación, y la gravedad de los mismos, nos encontramos ante un delito contra la integridad moral, de modo que resulta «incalificable» que en este contexto el acusado, en su última palabra, llegara a afirmar: «Esto es una broma, ha picado hasta la víctima y su letrada».
Este párrafo contiene dos incorrecciones. En primer lugar la falta de contexto: responde a la denuncia falsa de la acusación, estableciendo un debate intencionadamente alejado de la realidad.
En segundo lugar, tanto la sentencia como el comunicado del CGPJ recogen una grave falsedad: que el acusado en su última palabra pronunció la frase «esto es una broma, ha picado hasta la víctima y su letrada». Esta es íntegramente su última palabra, donde se puede observar que no refiere nada similar:
Por otra parte, el comunicado rebaja el caso a un «jolgorio», reproduciendo otra de las falsedades que la magistrada usa en la sentencia cuando dice que así lo calificó el juez de instrucción.
La judicatura rebaja así la defensa ante la opinión pública a estos tres elementos desinformativos, desorientando a la ciudadanía sobre el verdadero trasfondo del caso. Como apuntan Herman y Chomsky (1988), «las fuentes de información poderosas pueden asimismo utilizar su prestigio y su importancia como palanca para vetar el acceso de los críticos a los medios de comunicación».
El debate público posterior giró en torno a una pesada losa: «hicisteis una “broma” y la víctima ha sufrido». Ello nos llevó a un juicio mediático muy duro de contrarrestar, en primer lugar por la legitimidad que otorga una sentencia; en segundo por la complejidad del caso, no resumible en un titular; y en tercero porque cualquier movimiento por nuestra parte podía dañar la imagen de la denunciante e incluso entenderse como contrario a la reacción del feminismo respecto al caso de La Manada.
La relación entre fuentes oficiales y medios de comunicación se rige por lo que Mark Fishman (citado en Herman y Chomsky, 1988) llama el principio de la afinidad burocrática: «Los trabajadores informativos están predispuestos a considerar objetivos los relatos burocráticos, puesto que ellos mismos participan en el apoyo a un orden normativo de expertos autorizado socialmente. (…) Identificarán la declaración de un funcionario no solo como una afirmación, sino como un fragmento de conocimiento verosímil y creíble».
Por ello, que un organismo oficial como el CGPJ vierta desinformación es especialmente grave. «Cuando están involucrados agentes oficiales, la sofisticación, financiación y el impacto potencial de un mensaje o campaña es muy superior», sugieren Wardle y Derakhshan (2017). Una persona o grupo de personas anónimas es incapaz de contrarrestar la ubicuidad e inmediatez de la maquinaria mediática puesta en marcha por un organismo oficial. Aquí puedes ver cómo fue el tratamiento mediático de la sentencia.
Consideramos que usar la mentira por parte de la acusación y la magistrada para defender a la denunciante es muy desafortunado. Es paternalista, menoscaba su legitimidad y credibilidad y pone en duda la motivación del caso.
