Valoración de las sentencias

Valoración de la sentencia del Juzgado de lo Penal

El juzgado de primera instancia condenó el falso tour de La Manada por delito contra la integridad moral a 18 meses de prisión y 15.000 euros, además de las costas del juicio y los honorarios de la acusación. Esta condena se fundamenta en tres patas:

  • Se trata de un acto inequívocamente degradante.
  • El acusado conocía que su acción iba indudablemente a menoscabar a la víctima y sin embargo actuó.
  • Cosifica a la víctima.

Veamos cómo las argumenta la jueza.

“Trato degradante”

El artículo del que la magistrada se sirve para imponer la pena de 18 meses es el 173.1 del Código Penal:

“El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.”

Para desarrollarlo, la jueza se vale de dos sentencias del Tribunal Supremo (STS) en las que se aplica el artículo. Escribe:

“Sobre el concepto de trato degradante la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha hecho suya la definición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (…) que considera como tal «aquel trato que puede crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral», según las STS 28/2015 de 22 de enero y STS 157/2019 de 26 de marzo entre otras.” (Sentencia del Juzgado de lo Penal [SJP] del tour de La Manada)

Acudimos a las dos sentencias citadas y vemos que la primera trata un caso de abusos sexuales reiterados:

“Tras finalizar las agresiones sexuales el acusado en repetidas ocasiones a lo largo de un espacio temporal prolongado, que se extendió hasta el 23 de mayo de 2009, procedió a exhibir y a realizar tocamientos en sus órganos genitales delante de la víctima, moviendo las llaves como había sido su forma de llamarla, actos que, como se señala en la sentencia recurrida, realizaba el acusado con intención de humillar y atentar contra la dignidad de Francisca , quien a consecuencia de los hechos enjuiciados ha sufrido y sufre todavía trastornos psicológicos y psiquiátricos que precisan el correspondiente tratamiento.” (STS 28/2015 de 22 de enero)

Por su parte, la segunda se refiere a un maltrato físico:

“El hecho de obligar a la víctima a ponerse de rodillas largo tiempo con la excusa de ponerla derecha, dado que por su minusvalía no podía hacerlo e incluso por el hecho de ‘mirar a otro hombre’ en la calle, al llegar a casa, le cortó el pelo como castigo, y sobre todo el episodio, repetido al menos en dos ocasiones, en los que el procesado al disponerle el baño, pese a estar próximo al invierno, lo hizo con agua fría, llegando a verter sobre la mujer agua muy caliente de la ducha quemándole la piel y a sumergirla a la fuerza en el agua, conducen sin duda a la correcta calificación delictiva a la que ha llegado la Sala.” (STS 157/2019 de 26 de marzo)

No hace falta incidir en la naturaleza de los hechos juzgados en ambas sentencias referidas, en los que existe inequívocamente una vejación, y la diferencia con el que nos ocupa. La segunda sentencia, además, aborda lo que entiende por “trato degradante”:

“La acción típica, pues, consiste en infligir a otra persona un trato degradante, de forma que se siga como resultado y en perfecta relación causal un menoscabo grave de su integridad moral. El núcleo de la descripción típica está integrado por la expresión «trato degradante», que -en cierta opinión doctrinal- parece presuponer una cierta permanencia, o al menos repetición, del comportamiento degradante, pues en otro caso no habría «trato» sino simplemente ataque; no obstante ello, no debe encontrarse obstáculo, antes bien parece ajustarse más a la previsión típica, para estimar cometido el delito a partir de una conducta única y puntual, siempre que en ella se aprecie una intensidad lesiva para la dignidad humana suficiente para su encuadre en el precepto; es decir, un solo acto, si se prueba brutal, cruel o humillante puede ser calificado de degradante si tiene intensidad suficiente para ello. (…)

Y en cuanto a la mecánica comisiva se sanciona cualquier trato degradante que menoscabe gravemente la integridad moral. Se trata de someter a la víctima, de forma intencionada, a una situación degradante de humillación e indignidad para la persona humana.

El atentado a la integridad moral debe ser, en consecuencia, grave, debiendo la acción típica ser interpretada a la vista de todas las circunstancias concurrentes en el hecho, pues cuando el atentado no revista gravedad podríamos estar ante una infracción de menor entidad punitiva.” (STS 157/2019 de 26 de marzo)

Esta sentencia, en la que la magistrada se apoya, incide que el trato humillante tiene que reiterarse en el tiempo, o bien ser un único acto de especial brutalidad. Dado que la web que nos ocupa es puntual, de la valoración de la jueza se infiere que la considera más degradante que los abusos sexuales y los malos tratos de las dos sentencias en las que se basa, ya que ambos fueron prolongados en el tiempo. La magistrada se explica así:

“En el caso que nos ocupa, se trata de un acto único, como ya he explicado, pero el contenido de la web, y la evidente finalidad de publicidad de la misma, sin perjuicio de los accesos totales que tuvo que entiendo a priori no eran predecibles en tal número, ponen de manifiesto que la conducta fue grave, por lo que, dentro de la horquilla prevista para este delito, procede fijar la pena en 1 año y 6 meses de prisión, manteniéndose en todo caso la sanción dentro de los límites fijados en el art. 173 del CP.” (SJP del tour de La Manada)

Compárese con la condena aplicada en la sentencia de los malos tratos, de 24 meses de prisión y 12.000 euros de indemnización.

La magistrada asevera que “cualquier persona de inteligencia media” es capaz de ver la relación entre el acto y sus consecuencias; sin embargo la fiscal no ve carácter lesivo. ¿Sugiere la jueza que la fiscal tiene una inteligencia inferior a la media? Obviamente no, pero es un signo de subjetividad en la sentencia.

Otra característica que señala esta sentencia es que los hechos deben estar en “perfecta relación causal”, lo que cuanto menos plantea serias dudas en el caso del falso tour. La magistrada cubre este flanco aseverando que “cualquier persona de inteligencia media” era capaz de ver la relación entre el acto y las consecuencias para la víctima; sin embargo hemos de recordar que la propia fiscal no ve en la web carácter lesivo (¿está la jueza sugiriendo que la fiscal tiene una inteligencia inferior a la media? Obviamente no, pero la inclusión de esas palabras se prueba así desafortunada, cuando no directamente un signo de parcialidad y subjetividad), y que por otra parte el texto no ha sido enviado directamente a la víctima, por lo que podemos argumentar que el hecho de que lo viera, siendo un indudable fallo de cálculo por parte de las personas que la crearon, no es tan predecible, porque ha de participar en el proceso un número necesariamente grande de terceras personas. Por ello al menos ha de quedar la duda de su correlación directa.

Conociendo la importancia de la causalidad, durante todo el texto la magistrada acude a un nutrido repertorio de expresiones asertivas:No discutiéndose en este caso el contenido objetivo de la página web”, “sin duda cosificaba la figura de la víctima”, “atentando de forma grave, sin género de duda, a la integridad moral de la misma“, “es patente de la lectura de la web el daño que causaba”, “resultando patente que, pese a lo señalado por el acusado, la víctima y el acusado no están, ni mucho menos, ‘en el mismo barco’», “sin duda se incluyó meditadamente“, “entiendo acreditado más allá de toda duda”, etc. Es tanta la insistencia que en ocasiones llega a parecer un texto irónico.

En definitiva, la magistrada fundamenta el trato degradante en una sentencia sobre abusos sexuales y en otra de malos tratos, ambos reiterados en el tiempo. Considera el tour un caso más grave que estos ya que la ley exige que sea particularmente humillante cuando se trata de un hecho puntual. Tampoco expresa ninguna duda en la relación causal entre el tour y el sufrimiento, a pesar de la opinión contraria de la fiscal.

El trato humillante tiene que reiterarse en el tiempo, o bien ser un único acto de especial brutalidad. La juza considera el falso tour, un acto puntual, más degradante que los abusos sexuales y los malos tratos de las dos sentencias en las que se basa, ya que ambos fueron prolongados en el tiempo.

“Dolo”

El artículo 173.1 del Código Penal es un “cajón desastre”, amplio y laxo, al que van a parar varios tipos muy distintos de circunstancias y acciones que no se pueden tipificar en otros apartados. Su razón de ser es dirimir la existencia o no de algún tipo de dolo, es decir, de mala fe.

Existen tres tipos de dolo:

  • Directo o de primer grado: El objetivo de una acción es causar daño.
  • Consecuencial o de segundo grado: El resultado de la acción que el autor realiza no es el fin último planeado por dicho autor, pero este sabe que se producirá, pues esta acción es necesaria para conseguir el fin planeado.
  • Eventual o de tercer grado: El sujeto ve el daño sólo como probable, pero lo acepta, priorizando su acción, si bien espera que no se produzca.

La línea que separa el segundo tipo de dolo del tercero es delgada, ambigua, y objeto de polémica y controversia, pero las consecuencias penales son muy diferentes. A efectos de condena, el problema con los delitos de dolo es que la horquilla de penas es muy amplia, de seis meses a dos años.

Además del dolo, con inferior responsabilidad y un tratamiento penal mucho más leve está la culpa. Esta suele considerarse sinónimo de imprudencia: no se han observado los cuidados necesarios derivados de ejecutar una acción. La diferencia con el dolo es la mala fe: en el dolo hay una intención clara de producir el resultado final.

La culpa es el límite inferior de lo que es voluntario, por debajo tenemos el caso fortuito, normalmente sin consecuencias penales.

La acusación original se fundamentaba en que el tour era real, había lucro y su objetivo era menoscabar a la víctima. Contenía como elemento acusatorio el dolo directo. Ante la imposibilidad de mantener estos extremos, la sentencia introduce el dolo consecuencial. Esto supone una nueva acusación, fundamentada en que se conocía de antemano que iba a causar inequívocamente perjuicio a la víctima, sin ser ese su objetivo principal, y aun así se llevó a cabo la acción. Ello vulnera el principio acusatorio que exige la separación total entre las funciones de acusar y juzgar, dado que impide una correcta defensa. Observemos qué dice la jurisprudencia al respecto:

“El principio acusatorio contiene una prohibición, dirigida al Tribunal, de introducir hechos perjudiciales para el acusado sustancialmente distintos de los consignados por la acusación. Tal forma de proceder afectaría al principio acusatorio, en cuanto el Tribunal invade las funciones del acusador construyendo un relato fáctico que, esencialmente, no tiene su antecedente en la acusación. Pero también se relaciona íntimamente con otros principios, pues lesiona el derecho a un Juez imparcial, en cuanto la actuación del Tribunal puede valorarse como una toma de posición contra el acusado; y se afecta también al derecho de defensa, pues el Tribunal que introduce de oficio en la sentencia hechos desfavorables para el acusado, relevantes para la calificación jurídica, infringe ese derecho en cuanto no ha permitido la defensa contradictoria respecto de los mismos, ya que aparecen sorpresivamente, una vez finalizado el juicio oral.” (STS 418/2015 de 10 de febrero).

Veamos cómo la magistrada introduce el dolo consecuencial. En la sentencia escribe:

“Tal y como señala la STS 715/2016, de 26 de septiembre, no se requiere un dolo específico o elemento intencional que vaya más allá de conocer que la conducta objetivamente afecta a la integridad moral, y consentir con ello , por lo que nos encontramos ante un dolo de consecuencia necesaria. No es necesario que la acción denigrante sea gratuita o que no esté animada por otros móviles específicos, «distintos del puro y desnudo propósito de afectar a la integridad moral»; de hecho, dentro del mismo título del código penal el artículo 174 pone de manifiesto que el afán vindicativo no excluye el atentado a la integridad moral, que también se da cuando es ese el único móvil de la acción.” (SJP del tour de La Manada)

Como podemos leer, su argumentación se fundamenta en el artículo 174 del Código Penal y en una sentencia del Tribunal Supremo. Acudimos al artículo y vemos que se trata de un supuesto bastante lejano al caso que nos ocupa, destinado a evitar torturas por parte de funcionarios públicos:

“Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.” (Artículo 174 del Código Penal)

Por su parte, la sentencia citada aborda la siguiente relación de hechos:

“Al detenido tras ser cacheado se le pusieron los grilletes de tal modo que tenía atadas ambas manos a un banco en el que se encontraba sentado y que a su vez estaba fijado al suelo. El acusado aprovechando que el detenido no podía defenderse, con ánimo de atentar contra su integridad física y moral y en respuesta a los insultos y amenazas del detenido que se quejaba del dolor que en las muñecas le hacían los grilletes, al pasar por delante propinó por sorpresa una patada con su pierna izquierda en la cabeza del detenido y posteriormente otra patada con su pierna derecha en la cabeza del citado detenido, seguida de otra patada más leve en una pierna, de un manotazo con los guantes y de otros golpes de escasa consideración que no han podido ser concretados, pero que duraron pocos segundos.” (STS 715/2016 de 26 de septiembre)

Se trata, nuevamente, de unos acontecimientos muy distintos al caso que nos atañe. En ellos sí se puede afirmar que el dolo existe porque el acto era, en sí mismo, “objetivamente humillante y vejatorio” (res ipsa loquitur, “los hechos hablan por sí mismos”), lo que no ocurre en nuestro caso.

Es decir, ante la imposibilidad de defender los argumentos de la acusación, la magistrada introduce el dolo consecuencial para justificar la intención del acusado. Para ello se vale de un artículo del Código Penal dirigido a evitar torturas por parte de autoridades y funcionarios, y en una sentencia de una paliza a una persona maniatada.

“Cosificación”

Otra de las claves de la condena es la “cosificación”. La jueza se sustenta en dos sentencias del Tribunal Supremo, la 28/2015, que como hemos visto aborda un caso de abusos sexuales reiterados, y la 420/2016, de un delito de trata de seres humanos con menores:

“Los acusados «omitieron el cumplimiento de las normas más básicas de cuidado, usando con el menor medios coercitivos tales como atarlo a la cama, encerrarlo en la habitación, dejarlo solo en casa, suministrarle pastillas para mantenerlo sedado, no alimentarlo adecuadamente ni ocuparse de su desarrollo y evolución adecuados a su edad», de forma que cuando fue rescatado se encontraba «solo en una habitación de dicha morada, extremadamente delgado, tendido sobre una cama y con un pañal, en actitud abúlica e indiferente a su entorno y hallado atado en una de las barras de la cama al extremo de un baby que los acusados usaban para inmovilizarlo haciendo un nudo en su brazo». Fue conducido al servicio de pediatría «donde le diagnosticaron distrofia por inadecuado estado de nutrición, estando en el percentil 3 de peso, y señalando que no controlaba esfínteres ni de día ni de noche pese a su edad». (…) Lo que se refleja por lo tanto es un trato absolutamente desconsiderado, es decir, degradante, que menoscaba severamente las cualidades humanas y espirituales inherentes a dichos menores que no por serlo dejan de sufrir con intensidad su lamentable estado.” (STS 420/2016 de 18 de mayo)

No hace falta insistir en la distinta naturaleza de los hechos juzgados. Este caso se resolvió con una indemnización de 3.800 euros.

Más adelante cita otra sentencia: “Atendiendo a los términos del Tribunal Constitucional (STC 181/2004 de 2 de noviembre), cometió un atentado frontal a la dignidad humana, cosificando a una persona, mediatizándola e instrumentalizándola, olvidándose de que toda persona es un fin en sí mismo.” De nuevo, esta sentencia trata un caso muy distinto al que nos ocupa: valora la extradición de un ciudadano venezolano a su país, en cuyas cárceles podría sufrir torturas y tratos inhumanos o degradantes.

Es decir, la magistrada introduce la cosificación a partir de sentencias de abusos sexuales reiterados, trata de seres humanos y posibles torturas en cárceles.

Parcialidad, falsedades e interpretaciones equívocas

Además de lo inadecuado de la jurisprudencia aplicada, la sentencia contiene elementos irregulares que perjudican siempre al acusado. Uno de ellos se refiere al capítulo de “Hechos probados”, donde se establece lo que se da por indiscutible y a partir de lo cual se construye la sentencia. En el caso que nos ocupa la magistrada recoge lo siguiente:

  • Afirma que el acusado “asumió conscientemente como consecuencia necesaria el perjuicio que iba causarle con la creación y publicación de la página.”
  • Describe la web de forma literal, sin hacer la necesaria valoración de su tono ni mencionar el desmentido.
  • Hace una breve alusión a la prueba de la defensa (el trabajo previo de Homo Velamine con desinformación) pero la desacredita usando la palabra “presuntamente”.
  • Señala que “objetivamente” se trata de una “cosificación”, “instrumentalización” y “utilización”.
  • Recoge el sufrimiento manifestado por la víctima.

Es decir, deja en duda lo más obvio (las pruebas de la defensa) y da por probado precisamente lo que está en juicio (la intención). Por otra parte, la magistrada no menciona en ninguna parte de la sentencia las declaraciones del acusado acerca de la intención, las disculpas que este dio en el juicio, la valoración absolutoria de la fiscal, o el desmentido, también aportado como prueba y parte fundamental de los hechos. Invalida con esto la defensa, imposibilitando el espacio al principio in dubio pro reo (“ante la duda, a favor del reo”).

Como vemos, dos de las tres principales patas de la condena (el dolo consecuencial y la cosificación) ya se recogen en “Hechos probados”, lo cual predetermina el fallo. Esto es especialmente grave, porque el sistema jurídico español limita la revisión de los hechos probados de las sentencias en el recurso de casación al Tribunal Supremo.

La magistrada no menciona en ninguna parte de la sentencia las declaraciones del acusado acerca de la intención, las disculpas que este dio en el juicio, la valoración absolutoria de la fiscal, o el desmentido.

Por otra parte, la parcialidad del escrito es patente en los juicios de valor que la magistrada introduce de forma recurrente. Por ejemplo, la propia sentencia recoge que la web a juicio fue ampliamente reproducida por los medios, pero en boca del acusado lo vuelve una falta de vergüenza: “…en un caso especialmente expuesto por los medios de comunicación, en lo que sin pudor en sala incidió el acusado.” Al ver el vídeo del juicio comprobamos que el acusado lo refiere más bien a título informativo ante las preguntas de la acusación.

Además, la sentencia contiene varias falsedades. En primer lugar afirma que el juzgado de instrucción interpretó la web como un “jolgorio”, y que así lo constata en el auto, lo cual no es cierto. Llama la atención, sin embargo, que quien sí usó esa expresión fue uno de los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra que se no reconocía la violación en San Fermín como agresión sexual. La nota de prensa publicada por el CGPJ sobre el caso que nos ocupa también recoge la palabra, siendo ampliamente difundida por los medios de comunicación.

También menciona que “el propio acusado apuntó a que retiraron la web entre otras cuestiones porque el hotel que salía en la misma les instó a hacerlo”. De nuevo se trata de una falsedad que no se corresponde con lo dicho en el interrogatorio. El hotel pidió retirar su nombre, no la página web en sí, sin que fuera eliminada por este motivo.

Pero el engaño más grave es, sin duda, el referido a la última palabra del acusado. En la sentencia le atribuye una frase que no pronunció, y que hace pública luego en la nota de prensa, definiendo en gran medida el tratamiento mediático del caso:

“Todo ello pone de manifiesto que, acreditados los hechos por los que se mantenía acusación, y la gravedad de los mismos, nos encontramos ante un delito contra la integridad moral, resultando incalificable en este contexto que el acusado en su última palabra llegara a afirmar que «Esto es una broma, ha picado hasta la víctima, y su letrada», y resultando patente que, pese a lo señalado por el acusado, la víctima y el acusado no están, ni mucho menos, «en el mismo barco».” (SJP del tour de La Manada)

Por otra parte, en general, las interpretaciones de los hechos y de las declaraciones del acusado son siempre equívocas de forma manifiestamente intencionada. Empezando por el propio texto de la web, que es desnudado de todo contexto y queda suspendido entre su interpretación literal y la crítica “presunta” a los medios de comunicación. Aunque la sentencia parte tácitamente de que la acusación original queda desacreditada, la jueza aborda la web como un tour turístico, es decir, una lectura literal. Subraya a modo de crítica que un recorrido turístico no es informativo, cuando puede y suele serlo, del mismo modo que las noticias pueden y suelen ser morbosas. Sin embargo, toda su argumentación punitiva gira en torno a la web como una crítica a los medios, aunque siempre bajo la duda (“aun admitiendo que este extremo pudiera ser así, que la finalidad directa del acusado fuera esa crítica”, escribe). Si no se hizo el recorrido y tampoco es una crítica a los medios, ¿de qué se trata entonces la web, con qué propósito se hizo? La propia jueza lo resuelve, como hemos visto, poniendo falsamente en boca del acusado la palabra “broma”.

Bajo este paraguas tan ambiguo todo resulta maleable y apto para justificar cualquier argumento. La web, como dice la fiscal, no contiene ninguna expresión degradante, pero todo en ella es interpretado en contra del acusado. Leamos, por ejemplo, el siguiente párrafo:

“La página fue meditada, y en ese contexto [el acusado] llegó a pensar que podía ser objeto de algún tipo de demanda por parte de los condenados por el delito de agresión sexual, cuya fotografía sonriente se recogía en la página web, que además halagaba su aspecto, tanto en los peinados «a la moda» como en los tatuajes y en las camisetas de San Fermín que llevaban, camisetas que ciertamente se siguen vendiendo en las tiendas turísticas, como indicó la defensa, pero debo señalar que sin mención alguna ni referencia de ningún tipo a los terribles hechos cometidos la noche del 7 de julio de 2016 por quienes las portaban.” (SJP del tour de La Manada)

Incluso en un texto literal la alusión a “ir a la moda“ puede no ser un halago, pero para la magistrada aquí lo es, a pesar de que el acusado, en un momento del interrogatorio, se mostró visiblemente alterado por esa interpretación por parte de la abogada demandante: “Llevo un peinado pasado de moda desde los años 70, me ofende especialmente que usted diga que quiero exaltar el aspecto de los de La Manada por la mención a sus peinados al último grito”. Detalle que tampoco recoge la sentencia, y por tanto no existe.

Del mismo modo, en opinión de la jueza, que la web reflejase el hecho de que se venden camisetas en el Casco Viejo de Pamplona es un halago al aspecto de La Manada. De nuevo, difícilmente hay una correlación entre una idea y otra, más aún cuando estamos ante un texto irónico. Más bien se trata de una observación crítica de la realidad: que se sigan vendiendo camisetas con las que los agresores han aparecido innumerables veces en fotografías en los medios de comunicación no deja de ser sorprendente.

Menciona también que la web recoge estas fotografías de La Manada. Siendo unas imágenes tan difundidas, a las que cualquier persona residente en España ha sido expuesta decenas de veces en los últimos años, no parece un elemento que en sí pueda demostrar nada. Pero la magistrada lo interpreta, de nuevo, como un elemento laudatorio, subrayando que los agresores aparecen “sonrientes”. No menciona que el desmentido, aportado como prueba y que lleva público en la web un año en la fecha del juicio, presenta esa imagen distorsionada.

Lo más curioso es que estas observaciones las hace justo después de destacar que el acusado pensó “que podía ser objeto de algún tipo de demanda por parte de los condenados por el delito de agresión sexual”. Pero esto es contradictorio en la argumentación de la magistrada: si el acusado consideró la posibilidad de una demanda de los agresores es porque el objeto de las críticas es precisamente La Manada. No cabe esperar una denuncia por su parte si, como sostiene la acusación y la magistrada, se trata de un halago a su aspecto.

La sentencia menciona varias veces este “tacto” del acusado con La Manada (“no es creíble que se alegue que pensó que podía afectar a los condenados por la agresión sexual, y que ni siquiera tuviera el acusado ni el mínimo pensamiento hacia la perjudicada de tales hechos”, “atendiendo a su propia declaración, llegó a tener más en cuenta a La Manada que a la víctima”). Se trata, de nuevo, de una tergiversación del interrogatorio al acusado: la abogada le pregunta si se hizo la web conscientemente o fue fruto de un arrebato, a lo que el encausado responde que fue consciente. La interpretación es que por tanto se pensó en la víctima y no importó, pero no recoge la sentencia que el acusado explicó que en anteriores acciones similares la cobertura había sido de no más de tres o cuatro medios, de modo que en ningún caso se esperaba que esta tuviera tal relevancia, y mucho menos que llegase al conocimiento de la víctima.

Un último punto especialmente grave es la publicación de un comunicado de prensa en la web del Consejo General del Poder Judicial que recoge las falsedades expuestas, mediatizando el caso y desinformando a la opinión pública, lo que causa un grave perjuicio al encausado. Queda por ver cuál es el motivo de esta difusión interesada, precisamente cuando la víctima arguye que la aparición en prensa de información relativa a su caso le resulta dolorosa. ¿Tal vez minar el ánimo del acusado para que no presente el recurso?

La magistrada critica que el acusado tuvo más en cuenta a La Manada que a la víctima al esperar una demanda de los primeros y no de la segunda. A la vez asegura que la web halagaba el aspecto de los agresores. ¿Cómo cabe esperar una demanda de alguien a quien se halaga?

Conclusión

Se trata de una sentencia en la que:

  • Se interpreta la web totalmente fuera de su contexto. No se tienen en cuenta los antecedentes similares, ni el tono del escrito, ni se menciona el desmentido.
  • Bajo esta indefinición, todo se interpreta en contra del acusado. Los hechos que pudieran ser atenuantes, por el contrario, son desdeñados, al igual que las pruebas aportadas. No menciona las disculpas del acusado, entre otras declaraciones de relevancia. 
  • La jurisprudencia en la que se fundamenta y con las que se compara trata delitos muy alejados del caso: abusos sexuales, malos tratos, torturas, trata de seres humanos y palizas.
  • Se vale de un artículo del Código Penal destinado a evitar torturas y malos tratos por parte de autoridades y funcionarios.
  • No tiene en cuenta la solicitud de absolución de la fiscal, cuyas valoraciones no son recogidas en ningún momento en la sentencia.

Por último, es destacable que la propia sentencia descarte el delito de odio reconociendo que “la sanción penal, como siempre, debe ser la última opción, y siempre ha de quedar reservada a los hechos más relevantes», pero no haga lo mismo con el delito contra la integridad moral. Pudiera entenderse, tal vez, como una especie de benevolencia hacia el acusado, para mostrar que también le da un trato favorable.

Recurso

El abogado de la defensa interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Navarra. Justificaba la nulidad de la sentencia por los siguientes motivos, en los que no entraremos en detalle:

  1. Por la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, al estar el fallo predeterminado en “Hechos probados”.
  2. Por la vulneración del derecho a un juez imparcial, al introducir la magistrada una nueva acusación.
  3. Por la vulneración del derecho a una sentencia congruente, al recoger el término “presuntamente” en “Hechos probados”.
  4. Por la valoración errónea de las pruebas y por inaplicación del tipo penal, dado que el acto no es objetivamente degradante ni existe el elemento subjetivo de dolo.
  5. Por desproporcionalidad de la pena impuesta.

Valoración de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra

Fue publicada el 5 de junio de 2020 y mantiene la condena del juzgado de primera instancia, desestimando todos los puntos del recurso. Estos son los argumentos de los jueces:

1) El fallo no está predeterminado en “Hechos probados”

Los jueces sostienen que la redacción de “Hechos probados” es correcta. Mencionan la STS 12/2020 de 23 de enero; en ella leemos que el acusado ha recurrido la frase “con el ánimo de terminar con su vida” incluida en “Hechos probados”, alegando que, a pesar de haber amenazado a la víctima de muerte y haberle causado múltiples lesiones y heridas, no pretendía asesinarla. El recurso es desestimado.

Como en la sentencia del tribunal de primera instancia, comprobamos que los jueces de la presente vuelven a recurrir a jurisprudencia de casuística muy distinta a la que nos ocupa. No es extrapolable la intencionalidad en ambos casos: en aquella sentencia existe una acción agresiva y feroz, destinada indudablemente a dañar en uno u otro grado con amenazas y golpes, y que efectivamente podría haber causado la muerte de haberse producido con mayor intensidad. El objeto de discusión en este supuesto no es la intención sino el “tope” en su propósito. En nuestro caso hay que dirimir precisamente la intención.

2) No se introduce una nueva acusación

Los jueces sostienen que la tipificación como dolo consecuencial es procedente. Además, observan que es favorable para el acusado, al tratarse de un caso penal inferior al que solicitaba la acusación, lo cual supone “homogeneidad descendente”.

Multitud de artículos jurídicos versan sobre la delgada línea que separa el dolo consecuencial del dolo eventual, así como este último de la imprudencia, siendo este una especie de peligroso “punto negro” en el ámbito del derecho. La frontera entre dolo eventual e imprudencia vendría determinada por la ausencia o no de mala fe. ¿Podemos, sin lugar a dudas, asegurar que existe mala fe en el caso que nos atañe?

Los magistrados justifican su decisión argumentando que “el dolo es un elemento intelectivo, que supone la representación o conocimiento del hecho, que comprende el conocimiento de la significación antijurídica de la acción y el conocimiento del resultado de la misma”. En primer lugar, es cuestionable en nuestro caso de estudio que “la naturaleza antijurídica de esta acción” sea obvia, dado que el Ministerio Público no ve causa de delito. Por otra parte, usan la sentencia del caso conocido como de “los chavales de Alsasua” (STS 458/2019 de 9 de octubre), muy discutida y que se encuentra en estos momentos recurrida ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En la parte que señalan se hace mención a que los encausados conocían que las personas agredidas eran agentes de la Guardia Civil, lo cual supone una pena mayor por delito contra la autoridad. No se refiere al conocimiento del daño en sí, que en nuestro caso es discutible, como hemos argumentado. De nuevo se trata de un hecho en nada relacionado con el caso que nos atañe.

Los jueces, por otra parte, no valoran la objeción de la defensa a que de los actos se desprenda el “enaltecimiento de los agresores” al que alude la sentencia. Tampoco mencionan nada acerca de la inclusión en este punto de las palabras falsamente puestas en boca del acusado: “Esto es una broma, ha picado hasta la víctima y su letrada”.

3) No ha quedado probado que se tratara de una crítica a los medios de comunicación

Los jueces consideran que “no ha quedado acreditado, que a las redes sociales digitales, de la página web objeto de acusación y que constituye el elemento objetivo del delito imputado, que ha sido materia de condena, tuviera su origen, en una crítica que procuraba el sensacionalismo, dirigida frente a determinados medios de comunicación”. No aportan mayor justificación. Ello a pesar de que la jueza de primera sentencia ya mencionara la “prolija” prueba documental presentada por la defensa. En aquella sentencia se arrojaba duda sobre ella, pero en esta ya queda totalmente anulada.

Observamos cómo los sucesos originales van suplantándose por un relato jurídico cada vez más alejado de la realidad. La alusión a las redes sociales, presente en varias ocasiones en este segundo fallo, es un claro ejemplo de ello: el desmentido, nunca mencionado en ninguna de las sentencias, ya indicaba que la web no tenía redes sociales vinculadas con las que difundir su contenido.

4) Había intención de humillar

Los jueces dan por buena la valoración de la jueza de que la web y el sufrimiento de la víctima están en clara relación causal: “Este juicio de inferencia se ajusta a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de motivación exigibles.”

Afirman que es suficiente con la “sensación subjetiva de humillación” experimentada por la víctima, aunque la jurisprudencia que mencionan aborda delitos de trata de seres humanos, lesiones, hurto continuado, trato degradante y tenencia ilícita de armas.

Los jueces también arguyen que no tienen competencias para revisar las pruebas, lo cual les evita posicionarse sobre las contradicciones de la terapeuta en el juicio, que afirma haber visto y hablado telefónicamente con la víctima en las fechas relacionadas con el caso que nos ocupa (diciembre de 2018), pero estas visitas y llamadas no aparecen en los informes presentados como prueba. El informe anterior es de agosto de 2018; el siguiente, del 30 de abril de 2019, precisamente la misma fecha del escrito de acusación.

5) La pena impuesta es proporcional

Los jueces dan por proporcional la indemnización de 15.000 euros. Arguyen que la traducción económica de una reparación por daños morales es tarea reservada a la discrecionalidad del tribunal de instancia, como recuerda la STS 62/2018 de 5 de febrero. No mencionan que la sentencia continúa inmediatamente después: “siempre que no abdique de moldes de ‘razonabilidad’”. Y más adelante: “estaremos siempre ante un ejercicio de prudente arbitrio». En ella, además, “las declaraciones de la víctima son analizadas de forma detallada bajo el prisma del triple test tópico en la jurisprudencia (persistencia, ausencia de motivos de incredibilidad, corroboraciones externas).” Por último, hemos de mencionar que esta sentencia aborda un delito consumado de violación, con el agravante de parentesco, por el que el tribunal impone una indemnización de 6.000 euros. El agravio comparativo es evidente.

Los magistrados justifican también que la cuantía es pertinente ya que no supera la solicitada por la abogada demandante, 20.000 euros. Se fundamentan para ello en la STS 467/2012 de 11 de mayo, de un delito de asesinato. No mencionan el segundo de los requisitos que menciona esta sentencia: el monto “se entenderá ajustado a las reglas de la lógica cuando reúna el doble requisito de no haberse superado las cantidades solicitadas por las partes acusadoras y de que las cuantías solicitadas se acomoden a pautas razonables, en el sentido de no resultar excesivas.”

Para la evaluación del daño moral, arguyen, no hacen falta alteraciones patológicas o psicológicas. Recurren en este punto a la STS 932/2016 de 15 de noviembre, que se refiere a la colocación de una bomba en la basílica de El Pilar de Zaragoza, cuya explosión alcanzó a una mujer, provocándole graves lesiones temporales y una discapacidad permanente del 25%. Además de los daños físicos le causó también daños morales, que son pertinentemente evaluados: “El síndrome de estrés postraumático se englobó por el propio perito en la ponderación en puntos que realizó de las secuelas, para sujetar la indemnización que analizamos a los criterios del Baremo de reparación de lesiones derivadas de la circulación de vehículos de motor del RDL 8/2004”. La cuantía de esta sentencia se fijó en 22.775 euros: 3.000 euros por lesiones, 15.000 euros por secuelas y 4.775 euros por la incapacidad.

Hay que ser especialmente cuidadosxs en casos en los que una víctima describe su propio padecer sin que nadie más pueda observarlo o analizarlo, y más si este no proviene de un acto inequívocamente humillante, porque es muy tentativo exagerar el dolor propio en aras de una mayor compensación económica. Creemos de buena fe a la víctima del caso que nos ocupa, pero más que una indemnización merece una aclaración.

Por otra parte, los jueces siguen insistiendo en la perfecta relación causal entre el acto y el daño producido. Para ello mencionan la STS 377/2018 de 23 de julio: “La realidad del daño puede estimarse existente por resultar evidente”. Esta sentencia se refiere a un caso en el que una persona introdujo un virus en el ordenador de cuatro mujeres muy jóvenes, obligándolas a mantener cibersexo por webcam, bajo amenaza de difundir por la red sus fotos, vídeos íntimos y datos personales. Extrapolar el fondo de este caso al que nos ocupa es, de nuevo, improcedente.

Por último, los jueces no se pronuncian sobre la objeción de que la condena de 18 meses esté en la mitad superior de la horquilla de entre 6 y 24 meses estipulada en el artículo 173.

Los jueces no se posicionan sobre las ambiguas declaraciones de la terapeuta, que sugiere haber hablado telefónicamente con la víctima en las fechas relacionadas con el caso, pero el primer informe presentado como prueba es de seis meses después, precisamente la misma fecha del escrito de acusación.

Conclusiones

La Audiencia Provincial de Navarra, envuelta entre críticas por una condena insuficiente a La Manada, que luego el Tribunal Supremo aumentó, y dos de cuyos jueces han sido expedientados por el caso, parece querer redimirse en esta sentencia. No se observa en los jueces un ánimo verdadero de revisar la sentencia recurrida, dejando irresponsablemente la tarea al Tribunal Supremo y viciando el caso en el proceso, con el grave perjuicio moral y económico que ello supone a toda persona encausada en un juicio penal.

Como en la sentencia del juzgado de primera instancia, los magistrados vuelven a usar una jurisprudencia en nada relacionada con los hechos que nos ocupan. De asesinatos, malos tratos, violencia de género y violaciones se pueden extrapolar inequívocamente el dolo y el trato degradante; de un texto que no contiene ninguna expresión vejatoria, no. Cuando menos es interpretable, lo que pone de manifiesto la arbitrariedad del proceso. En muchas de las sentencias mencionadas, además, la indemnización impuesta es inferior a la del falso tour.

Por otra parte, el caso de La Manada es, en primer lugar, una violación, pero también un importante hecho jurídico y otro no menos importante hecho mediático. Lo enjuiciado en el caso del falso tour es, recordemos, un texto hecho público en internet sobre esa tercera dimensión, no sobre la víctima. Como todo texto, es susceptible de ser interpretado erróneamente. Pero en él no encontramos, como señala la fiscal, ninguna expresión degradante, que sería lo verdaderamente punible, ni un ánimo inequívoco de hacer daño. De modo que, si esta sentencia sienta jurisprudencia, estaremos ante el grave peligro de que todo producto cultural pueda ser denunciado por intereses económicos o ideológicos.
Lo primero que debe hacerse a la hora de juzgar es aclarar bien qué ha ocurrido. Estas sentencias, con su interpretación ambigua de los hechos imposibilitan abordar qué reparación sería justa, de ser esta necesaria, y anula una posible crítica razonada a lxs autorxs de la acción. Pero ese debate desde luego no está en los tribunales, mucho menos los criminales. Por ello no cabe otra cosa que esperar una absolución completa por parte del Tribunal Supremo si queremos seguir teniendo confianza en la justicia española.