Caso 3: Desinformación por adscripción ideológica

En diciembre de 2020 el Tribunal Supremo comunicó la inadmisión del recurso de casación presentado por Homo Velamine, de modo que la condena por el falso tour de La Manada quedaba inalterada: 18 meses de cárcel, 15.000 euros de indemnización y costas. A diferencia de las dos ocasiones anteriores, el Consejo General del Poder Judicial no hizo pública la resolución, de modo que no tuvo impacto mediático. Homo Velamine lo publicó, pero no tuvo trascendencia debido a su corto alcance.

Lo relevante ocurrió algunas semanas después. En enero de 2021 la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél por acumulación de delitos. Durante todo el mes de febrero se debatió ampliamente en medios de comunicación y redes sociales sobre los límites a la libertad de expresión, penales o no. La desinformación en torno al cantante y el por qué de sus condenas volvió a hacer mella en una sociedad polarizada, con cada grupo tomando partido según su adscripción ideológica previa. Por todo el país se sucedieron las manifestaciones. En esos intensos debates sobre la libertad de expresión el caso de Homo Velamine no tuvo ninguna cabida, con la excepción de seis columnistas que lo sacaron a colación o lo nombraron (Juan Soto Ivars, Rebeca Argudo, Germán M. Teruel Lozano, Àlex Gutiérrez, Alberto Torres y Jimina Sabadú).

Mientras que la condena a Hasél se atiene a la legalidad, y la discusión es si esa legalidad es justa o no, el caso de Homo Velamine es contrario a la ley. Lo analizamos profusamente en Valoración de las sentencias, pero baste recordar que la fiscalía no acusa y que se aplica un artículo inédito para el ámbito de libertad de expresión, el 173.1 del Código Penal, de trato degradante, hasta ahora solo usado en casos de violencia directa. El debate en torno a la libertad de expresión tiene en Homo Velamine un claro objeto de análisis, que sin embargo no ha sido tenido en cuenta. Intentaremos analizar por qué.

Como casi cualquier otra organización, los medios se deben a quienes los financian. Existen dos tipos de medios de comunicación según su modelo de negocio:

  1. El principal, enormes holdings mediáticos subvencionados por las grandes empresas que se pueden permitir anunciarse en ellos. Es decir, son el poder económico. Analizamos esto en profundidad en el artículo Los medios de comunicación como sostén del poder.
  2. En oposición, diarios online que dependen de subscripciones. Tienen una vinculación ideológica con las personas subscritas, a quienes no retan emocionalmente ni por convicción ni por conveniencia. De manera orgullosa suelen resaltar que están libres de la injerencia empresarial de los anunciantes.

¿Por qué ningún medio recoge el caso de Homo Velamine? Dos motivos:

  1. La acción original era precisamente una sátira contra los grandes medios de comunicación, y consiguió retratar sus malas prácticas en relación a la necesidad de información rápida y barata. Más tarde, cuando hablan del caso con motivo del proceso judicial, siguen desinformando: no pueden revelar la verdad porque les pone en evidencia.
  2. En su desinformación, los medios ponen contra Homo Velamine a la víctima de La Manada, es decir lo sagrado. Ello convierte al colectivo no solo en criminal sino en algo mucho más grave: hereje.

Los avances tecnológicos durante el s. XX permitieron que los medios de comunicación desplazaran a la Iglesia como delimitadora principal del discurso. La religiosidad establece qué queda fuera y dentro de la sociedad, y los medios de comunicación son los púlpitos desde los que se establece qué es sagrado y qué no. El pecado permite más control social que la ley, porque es un límite moral. Las víctimas son muy jugosas para el poder porque en nombre de su protección la ciudadanía es más laxa en ceder derechos y libertades. Piénsese en las medidas post-11S en Estados Unidos o las duras leyes antiterroristas en España, precisamente por las que Hasél es condenado a prisión. La moral permite que los poderes cometan las mayores atrocidades contra quienes quedan fuera de ella, legitimándose así ante la ciudadanía.

En ese sentido, los grandes holdings mediáticos no hablan del caso porque la acción retrata su tratamiento rápido e irreflexivo. A su vez, en nuestro contexto de guerra cultural, los pequeños diarios de adscripción ideológica tampoco, dado que han de acomodar los hechos a su religiosidad y a la de las personas subscritas a ellos.

En este último aspecto son ilustrativos los siguientes casos:

El Salto Diario

El Salto Diario no menciona a Homo Velamine en su artículo Las 128 condenas a cárcel por delitos de libertad de expresión que nos podíamos haber ahorrado, publicado el 18 de febrero, ni en Desde los confines de su «normalidad democrática», publicado el 21. Como hemos visto en el apartado anterior, tras la sentencia del juzgado de primera instancia sí que publicó uno sobre el tema, que usaba varias falacias argumentativas para dar tranquilidad sobre la condena a su público.

Las 128 condenas a cárcel por delitos de expresión que nos podríamos haber ahorrado… La de Homo Velamine no es una de ellas para El Salto Diario.

Público

Público ha desinformado sobre el caso Homo Velamine en cinco ocasiones, copiando y sesgando información de teletipos. En ellas se arroga una transparencia de entre el 50 y el 82% con su «calculadora de transparencia». Sin embargo tampoco menciona al colectivo en su artículo Los otros Pablo Hasél o las vidas que hay detrás de la caza de brujas, publicado el 19 de febrero.

Un 82% de transparencia en un artículo que falta a tres de las cinco W del periodismo (quién, qué y por qué).

Ctxt

Tras la sentencia del juzgado de primera instancia, en diciembre de 2019, Gerardo TC publicó una columna en Ctxt en defensa de Homo Velamine. A raíz del debate en torno a Hasél, en febrero de 2021, contactamos con el autor para actualizarle sobre la sentencia del Supremo. Se mostró entusiasta con la idea de publicar algo al respecto, pero se encontró con la oposición de la subdirectora del medio «no por una censura como tal, sino por lo específico del caso, por una línea de respeto a la víctima».

Ctxt conoce lo que supone un proceso judicial arbitrario. La propia revista acababa de ser condenada unas semanas antes por vulnerar el derecho al honor de un conocido actor español en un caso que cuenta con algunos puntos paralelos. Entre ellos, «la aportación de varios documentos niegan veracidad a la afirmación de la demanda», mientras que la sentencia «se basa en una lectura poco acertada de ciertos términos» y «establece que los autores deben ser condenados porque sus palabras “manifiestan una intención” de atentar contra el honor del demandante».

Amnistía Internacional

Sin ser un medio, pero estando estrechamente relacionado con el ámbito de la comunicación, nos gustaría también referir el caso de Amnistía Internacional. A raíz de la condena a Hasél, la organización de defensa de los derechos humanos inició la campaña de recogida de firmas Rapear no es delito, en la que defienden que «ninguna de las disposiciones del Código Penal debe poder criminalizar expresiones ni creaciones artísticas amparadas por el derecho a la libertad de expresión». Por otro lado, en un artículo escriben que «nos encontramos con una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibidor de la libertad de expresión en España”. Además, en un hilo de tweets exponen que:

  • “Nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso”.
  • “El Derecho Internacional sólo permite la persecución penal de expresiones que: i) Incitan de manera directa a cometer actos violentos ii) Si hay probabilidad de que se produzca dicha violencia y iii) Si existe conexión clara y directa entre esas expresiones y los actos violentos”.
  • “Rapear no es un delito, así como tuitear un chiste no es terrorismo y hacer una representación con títeres no debería llevarte a la cárcel. Los gobiernos deben defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre”.

Todos estos argumentos son perfectamente esgrimibles en el caso Homo Velamine. El encausado, Anónimo García, conoce a trabajadores de Amnistía Internacional por su prticipación en campañas contra las Leyes Mordaza con Greenpeace y No Somos Delito. Tras intercambiar algunos mails amistosos, en los que intentamos explicar bien el caso, decidieron no hacer público ningún apoyo, aunque nos preguntaron en qué puntos la organización podría ser de utilidad de manera no pública. Los derechos humanos deberían ser universales, pero comprobamos que incluso para una reputada organización como Amnistía Internacional están sujetos a prescripción ideológica.

Como nota al pie, Anónimo García ha sido socio de Amnistía Internacional durante ocho años. Esa pertenencia fue esgrimida por su abogado para solicitar el no ingreso a prisión en enero de 2021.

Derechos humanos selectivos: Amnistía Internacional.

A diferencia del de Hasél, el caso de Homo Velamine no opone una ideología a otra sino que revela el propio mecanismo del poder, que es invisible. Por ello, cuanto menos se habla de él se hace más paradigmático de los tabús, de la construcción mediática de la sociedad y la guerra ideológica.

He ahí el límite último de la libertad de expresión: no es la ofensa, sino el poder.