Caso 3: Desinformación por adscripción ideológica

En diciembre de 2020 el Tribunal Supremo comunicó la inadmisión del recurso de casación presentado por Homo Velamine, de modo que la condena por el falso tour de La Manada quedaba inalterada: 18 meses de cárcel, 15.000 euros de indemnización y costas. A diferencia de las dos ocasiones anteriores, el Consejo General del Poder Judicial no hizo pública la resolución, de modo que no tuvo impacto mediático. Homo Velamine lo publicó en su web, sin mayor trascendencia.

Lo relevante ocurrió algunas semanas después. En enero de 2021 la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél por acumulación de delitos. Durante todo el mes de febrero se debatió ampliamente en medios de comunicación y redes sociales sobre los límites a la libertad de expresión, penales o no. La desinformación en torno al cantante y el por qué de sus condenas volvió a hacer mella en una sociedad polarizada, con cada grupo tomando partido según su adscripción ideológica previa. Por todo el país se sucedieron las manifestaciones. En esos intensos debates sobre la libertad de expresión el caso de Homo Velamine no tuvo ninguna cabida, con la excepción de seis columnistas que lo sacaron a colación o lo nombraron (Juan Soto Ivars, Rebeca Argudo, Germán M. Teruel Lozano, Àlex Gutiérrez, Alberto Torres y Jimina Sabadú).

Una expresión solo puede ser punible cuando suponga la incitación a conductas delictivas, con riesgo real de comisión. En ese sentido, la condena a Hasél no se atiene a la legalidad, aunque entra dentro de un tipo penal dirigido a la libertad de expresión: el artículo 578 del Código Penal, de apología del terrorismo. La condena a Homo Velamine tampoco se atiene a legalidad, pero en él además se aplica un artículo inédito para el ámbito de libertad de expresión, hasta ahora solo usado en casos de violencia directa: el 173.1 del Código Penal, de trato degradante. El debate en torno a la libertad de expresión tiene en Homo Velamine un claro objeto de análisis, que sin embargo no ha sido tenido en cuenta. Intentaremos analizar por qué.

Como casi cualquier otra organización, los medios se deben a quienes los financian. Existen dos tipos de medios de comunicación según su modelo de negocio:

  1. El principal, enormes holdings mediáticos subvencionados por las grandes empresas que se pueden permitir anunciarse en ellos. Es decir, son el poder económico.
  2. En oposición, diarios online que dependen de subscripciones. Subrayan su independencia frente a anunciantes, aunque tienen una vinculación ideológica con las personas subscritas, a quienes no retan emocionalmente ni por convicción ni por conveniencia.

Anteriormente (caso 1, caso 2) hemos analizado la maquinaria de reproducción de noticias de los grandes holdings mediáticos, que descuida el rigor frente a la rapidez y el tratamiento adecuado frente al sensacionalismo para obtener visitas, y por tanto ingresos. La acción original era precisamente una sátira contra ellos, y consiguió retratar sus malas prácticas en relación a la necesidad de información inmediata y barata. Más tarde, cuando hablan del caso con motivo del proceso judicial, siguen desinformando: no pueden revelar la verdad porque les pone en evidencia.

Pero hay un hecho más grave que también incluye a los diarios que dependen de subscripciones. En su desinformación, los medios ponen contra Homo Velamine a la víctima de La Manada, es decir lo sagrado. Ello convierte al colectivo no solo en criminal sino en algo mucho más grave: hereje.

Como analizamos en el artículo Los medios de comunicación como sostén del poder, los avances tecnológicos durante el siglo XX permitieron a los medios de comunicación desplazar a la Iglesia como principal elemento de comunicación de masas. Los platós de televisión se convirtieron en los nuevos púlpitos, relegando a la religión a un papel menor pero generando un nuevo pensamiento colectivo con las mismas características de religiosidad: qué queda dentro y fuera de la sociedad, qué es sagrado y qué no. El pecado permite más control social que la ley porque es un límite moral inscrito en la colectividad, y permite a los poderes mayores represiones en nombre de su protección sin perder legitimidad ante la ciudadanía.

En ese sentido, los grandes holdings mediáticos son moralistas amorales: mantienen una moral por un fin secundario, el beneficio económico. Por su parte, los pequeños diarios de adscripción ideológica son moralistas puritanos: defienden una moral por sí misma, acomodando los hechos a ella y reforzando el sesgo cognitivo de las personas subscritas a ellos.

En este último aspecto son ilustrativos los siguientes casos:

El Salto Diario

El Salto Diario no menciona a Homo Velamine en su artículo Las 128 condenas a cárcel por delitos de libertad de expresión que nos podíamos haber ahorrado, publicado el 18 de febrero, ni en Desde los confines de su «normalidad democrática», publicado el 21. Como hemos visto en el apartado anterior, tras la sentencia del juzgado de primera instancia sí que publicó uno sobre el tema, que usaba varias falacias argumentativas para dar tranquilidad sobre la condena a su público.

Las 128 condenas a cárcel por delitos de expresión que nos podríamos haber ahorrado… La de Homo Velamine no es una de ellas para El Salto Diario.

Público

Público ha desinformado sobre el caso Homo Velamine en cinco ocasiones, copiando y sesgando información de teletipos. En ellas se arroga una transparencia de entre el 50 y el 82% con su «calculadora de transparencia». Sin embargo tampoco menciona al colectivo en su artículo Los otros Pablo Hasél o las vidas que hay detrás de la caza de brujas, publicado el 19 de febrero.

Un 82% de transparencia en un artículo que falta a tres de las cinco W del periodismo (quién, qué y por qué).

Ctxt

Tras la sentencia del juzgado de primera instancia, en diciembre de 2019, Gerardo TC publicó una columna en Ctxt en defensa de Homo Velamine. A raíz del debate en torno a Hasél, en febrero de 2021, contactamos con el autor para actualizarle sobre la sentencia del Supremo. Se mostró entusiasta con la idea de publicar algo al respecto, pero se encontró con la oposición de la subdirectora del medio «no por una censura como tal, sino por lo específico del caso, por una línea de respeto a la víctima».

Ctxt conoce lo que supone un proceso judicial arbitrario: unas semanas antes había sido condenada por vulnerar el derecho al honor de un conocido actor español en un caso que cuenta con algunos puntos paralelos. Según afirma la propia revista, «la aportación de varios documentos niegan veracidad de la demanda», mientras que de la sentencia sostiene que «se basa en una lectura poco acertada de ciertos términos» y critican que establezca «que los autores deben ser condenados porque sus palabras “manifiestan una intención` de atentar contra el honor del demandante».

Amnistía Internacional

Sin ser un medio, pero estando estrechamente relacionado con el ámbito de la comunicación y la defensa de la libertad de expresión, nos gustaría también referir el caso de Amnistía Internacional. Tras la condena a Hasél la organización inició una campaña de recogida de firmas bajo el nombre Rapear no es delito, en la que defienden que «ninguna de las disposiciones del Código Penal debe poder criminalizar expresiones ni creaciones artísticas amparadas por el derecho a la libertad de expresión». Por otro lado, en un artículo escriben que «nos encontramos con una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibidor de la libertad de expresión en España”. Además, en un hilo de tweets exponen que:

  • “Nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso”.
  • “El Derecho Internacional sólo permite la persecución penal de expresiones que: i) Incitan de manera directa a cometer actos violentos ii) Si hay probabilidad de que se produzca dicha violencia y iii) Si existe conexión clara y directa entre esas expresiones y los actos violentos”.
  • “Rapear no es un delito, así como tuitear un chiste no es terrorismo y hacer una representación con títeres no debería llevarte a la cárcel. Los gobiernos deben defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre”.

Todos estos argumentos son esgrimibles en el caso Homo Velamine. Escribimos a Amnistía Internacional, a través de contactos personales del encausado, Anónimo García, por su participación en la plataforma anti Leyes Mordaza No Somos Delito. La organización decidió no hacer público ningún apoyo. Los derechos humanos deberían ser universales, pero comprobamos que incluso para una reputada organización como Amnistía Internacional están sujetos a prescripción ideológica.

Como nota al pie, Anónimo García ha sido socio de Amnistía Internacional, hecho esgrimido por su abogado para solicitar el no ingreso a prisión en enero de 2021.

Derechos humanos selectivos: Amnistía Internacional

A diferencia del de Hasél, el caso de Homo Velamine no opone una ideología a otra sino que revela el propio mecanismo del poder, que es invisible. Por ello, cuanto menos se habla de él se hace más paradigmático de los tabús, de la construcción mediática de la sociedad y la guerra ideológica.

He ahí el límite último de la libertad de expresión: no es la ofensa, sino el poder.