A nadie se le escapa que los nuevos periódicos alternativos son transparentes: en cada artículo que publican se ve de qué pie cojean.
Ernesto Castro, Memorias y libelos del 15M (2021)
El caso Homo Velamine es uno de los mayores atentados jurídicos contra la libertad de expresión en España en los últimos años, sin embargo ha pasado desapercibido porque desvela las malas prácticas de los medios de comunicación. Si no conoces el caso puedes ver un resumen aquí.
Anteriormente hemos analizado cómo lo han abordado los grandes medios de comunicación. A continuación lo haremos con los medios online autodenominados «críticos» y otras organizaciones de tendencia progresista.
Contenido:
– El Salto Diario
– Público
– Plataforma para la Libertad de Información
– CTXT
– Amnistía Internacional
– Conclusión
Contexto
En diciembre de 2020 el Tribunal Supremo comunicó la inadmisión del recurso de casación presentado por Homo Velamine, de modo que la condena por el falso tour de La Manada quedaba inalterada: 18 meses de cárcel, 15.000 euros de indemnización y costas. A diferencia de las dos sentencias anteriores, el Consejo General del Poder Judicial no comunicó la resolución en su web, de modo que no tuvo impacto mediático. Homo Velamine lo hizo público, pero sin repercusión fuera de su pequeña audiencia.
Lo relevante ocurrió algunas semanas después. En enero de 2021 la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél por acumulación de delitos. Durante todo el mes de febrero se debatió ampliamente en medios de comunicación y redes sociales sobre los límites a la libertad de expresión, penales o no. La desinformación en torno al cantante y el porqué de sus condenas volvió a hacer mella en una sociedad polarizada, con cada persona tomando partido según su adscripción ideológica previa.
Una expresión solo puede ser punible cuando suponga la incitación a conductas delictivas, con riesgo real de comisión. En el caso de Hasél, aunque la primera premisa es cierta, no lo es la segunda, por lo que, como sugiere el profesor Jacobo Dopico, su condena es improcedente. En cualquier caso, sí que entra dentro de un tipo penal dirigido a la libertad de expresión: el artículo 578 del Código Penal, de apología del terrorismo. En el caso de Homo Velamine, aunque la segunda premisa es cierta, no lo es la primera. Ello en sí resulta ridículo, pero estamos ante una restricción aún más grave porque se usa un artículo inédito en el ámbito de libertad de expresión, hasta ahora solo usado en casos de violencia directa: el 173.1 del Código Penal, de trato degradante.
A pesar de que el debate en torno a la libertad de expresión tiene en Homo Velamine un claro objeto de análisis, no tuvo cabida en los intensos debates tras la condena del rapero.1Hay ocho notables excepciones que recogemos en el siguiente apartado, No todos los medios desinforman. Intentaremos analizar por qué.
Como sugiere Manuel Castells, los medios de comunicación son el espacio donde se juega el poder. Y, como casi cualquier otra organización, se deben a quienes los financian. Existen dos tipos de medios de comunicación según su modelo de negocio:
- El principal, enormes holdings mediáticos subvencionados por las grandes empresas que se pueden permitir anunciarse en ellos. Es decir, son en sí mismas poder económico, y a la vez su aparato ideológico, además del campo de juego del poder.
- En oposición, diarios online que dependen de subscripciones. Subrayan su independencia frente a anunciantes, y mantienen una vinculación ideológica con las personas subscritas, a quienes no retan emocionalmente ni por convicción ni por conveniencia.
Anteriormente (caso 1, caso 2) hemos analizado la maquinaria de reproducción de noticias de los grandes holdings mediáticos, que descuida el rigor frente a la rapidez, y el tratamiento imparcial frente al sensacionalismo, para seducir emotivamente a la audiencia. Veremos algunos ejemplos de cómo han actuado entidades de izquierdas en el caso Homo Velamine en comparación con el debate en torno a Hasél.
El Salto Diario
Como hemos visto en el apartado anterior, tras la sentencia del juzgado de primera instancia El Salto Diario publicó un artículo sobre la condena a Homo Velamine. En él usaba varias falacias ad hominem sobre el colectivo para validar el castigo, que se resumen en «lo hacían bien hasta que empezaron a cuestionar mi dogma». Se las puntualizamos (ver aquí) pero no respondieron ni corrigieron.
En torno al debate a Hasél, el diario no menciona a Homo Velamine en su artículo Las 128 condenas a cárcel por delitos de libertad de expresión que nos podíamos haber ahorrado, publicado el 18 de febrero, ni en Desde los confines de su «normalidad democrática», publicado el 21.
En conclusión, a El Salto solo le preocupan algunas restricciones a la libertad de expresión. No hay ningún problema en ello, pero no puede pretender liderar ninguna defensa de la libertad de expresión: su apoyo selectivo lo iguala a los medios de derecha más casposos.
Público
Público ha desinformado sobre el caso Homo Velamine en cinco ocasiones, copiando y sesgando información de teletipos. En ellas se arroga una transparencia de entre el 50 y el 82% con su «calculadora de transparencia». Sin embargo tampoco menciona al colectivo en sus artículos Alrededor de 150 artistas, raperos, tuiteros, periodistas y políticos han sido condenados por delitos de opinión (10 de febrero) y Los otros Pablo Hasél o las vidas que hay detrás de la caza de brujas (19 de febrero).
Esto contrasta con las palabras de la directora Corporativa y de Relaciones Institucionales del diario, Ana Pardo de Vera:
Ustedes y nosotros tenemos el derecho a ser informados sobre todos los temas y reivindicar que el poder político, judicial o económico no les sustraiga esa información que les permite crear criterio propio y, por tanto, ser más libres. (…)
Los que no reparan en argumentos contrastados, datados y analizados para informar y denunciar lo que sea y de quien sea que sea susceptible de haber obrado ilegalmente o ilegítimamente, en contra del interés general. Eso es el periodismo. (…)
A vosotros y vosotras os pedimos que reivindiquéis vuestro derecho constitucional a la información para construir una sociedad sana y en igualdad, democrática. No dejéis que nadie os arrebate esa parte sustancial de la democracia. La información, la cultura, el conocimiento es lo que nos hace libres.
Con este artículo respondemos a la petición de Público. Le pedimos que informe verazmente sea quien sea que obre ilegítimamente en contra del interés general, y que el poder mediático, que el diario representa, no sustraiga la información que permite a la ciudadanía tener criterio propio y, por tanto, ser más libre.
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)
La directora de Público, Virginia Pérez Alonso, es a la vez presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, constituida por profesionales de la comunicación y juristas, y una de cuyas líneas de acción es la defensa de la libertad de expresión. Pérez Alonso escribió personalmente a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para pedirle apoyo en el caso Hasél, sosteniendo que sus condenas “constituyen una clara vulneración de los Derechos Fundamentales y son contrarias a los principios internacionales sobre libertad de expresión a los que España está sujeta».
Además de a Hasél, la plataforma ha defendido a Valtonyc, César Strawberry, Cassandra Vera o la revista Mongolia, con manifiestos, análisis y artículos. También ha apostado por temas tan controvertidos como el rechazo a la penalización de la exaltación de la guerra Civil y la dictadura.
Hemos contactado con la plataforma en dos ocasiones, así como con la mayoría de sus miembros a título individual. La organización ha retuiteado dos tweets de Homo Velamine sobre el caso, pero no ha publicado en su web ningún artículo, manifiesto o posición. No lo recoge en su Cronología de ataques a la libertad de infomación, ni en su artículo 2020: otro mal año para la libertad de expresión en España. Los miembros juristas de la PDLI sí han mostrado su apoyo, principalmente en Twitter, como Jacobo Dopico, Joan Barata, Carlos Sánchez Almeida o Marisa Cuerda.2Marisa Cuerda escribió un capítulo de libro sobre el caso: El art. 173 como cláusula de cierre frente al discurso molesto. El caso del «tour de la manada» como paradigma.
CTXT
Tras la sentencia del juzgado de primera instancia, en diciembre de 2019, Gerardo Tecé publicó una columna en CTXT en defensa de Homo Velamine. A raíz del debate en torno a Hasél, en febrero de 2021, contactamos con el autor para actualizarle sobre la sentencia del Supremo. Se mostró entusiasta con la idea de publicar algo al respecto, pero se encontró con la oposición de la subdirectora del medio «no por una censura como tal, sino por lo específico del caso, por una línea de respeto a la víctima».
CTXT conoce lo que supone un proceso judicial arbitrario: unas semanas antes había sido condenada por vulnerar el derecho al honor de un actor español en un caso que cuenta con algunos puntos paralelos: una demanda no veraz, y una sentencia que malinterpreta términos y establece una intención diferente a la original, según afirma la propia revista. Con su «no censura» hacia Homo Velamine, CTXT olvida la injusticia experimentada en su propia carne para parapetarse en su ortodoxia ideológica.
Ello choca con esta carta del propio Tecé dirigida a los subscriptores y subscriptoras de CTXT en mayo de 2021:
Una línea editorial puede ser afín a políticas de izquierdas o de derechas, es muy legítimo, pero jamás debe mentir. (…) Es tan triste como cierto que, piense uno lo que piense, culpe uno a quien culpe del problema, hay consenso: los grandes medios no trabajan para el interés ciudadano, ni para su correcta información, sino para otra cosa. En los altavoces de poder está el embudo que hace que este país no pueda fluir hacia un sitio mejor.
Para decir basta hace falta la activación de muchas voluntades. La primera y la más difícil, la de los propios periodistas. Trabajadores sometidos al chantaje que supone tener que elegir entre llenar la nevera y hacer bien su trabajo. La segunda gran activación, y quizá la más importante, la tienen en la mano los consumidores de información. De ellos depende la dignificación de este oficio. De sus hábitos de consumo, de que hagan ruido en redes sociales cuando se les trate como a ganado. Una segunda voluntad también difícil de activar cuando el tablero de juego que se ha impuesto es el de una batalla ideológica en la que uno solo detectará las manipulaciones del bando de enfrente. Es un drama y necesitamos frenarlo.
Ojalá llegue el día en el que, bajo la cabecera de los diarios, aparezcan los nombres de las empresas dueñas del medio y cuáles son sus sectores estratégicos de interés. Mientras eso no ocurra, seguiremos haciendo lo que podamos desde un lugar pequeño como este, que puede presumir que, bajo su cabecera, aparecen los nombres de quienes reciben esta carta. Gracias por estar ahí y recuerden siempre que tienen la obligación de señalarnos con el dedo índice si alguna vez nos desviamos.
Sirvan estas palabras de dedo que señala el desvío de CTXT en el caso que nos ocupa: omitir como forma de mentir, perpetuar la batalla ideológica y elegir entre llenar la nevera y hacer bien su trabajo.3Durante los primeros meses de 2021 contactamos con multitud de periodistas, juristas y organizaciones progresistas. Además de ellas, muchas otras ya conocen el caso por contacto previo con Homo Velamine. La gran mayoría hicieron oídos sordos; Gerardo Tecé fue uno de los pocos que nos respondió y tuvo la determinación de proponer un tema tan controvertido a su revista, y le estamos agradecidas por ello. Como le habíamos escrito: «Suerte en esa pelea [con la subdirectora]. Ya habrás visto que estamos analizando el tratamiento mediático de forma bastante vehemente, y lo que cuentas ya nos ha pasado otras veces: algunos periodistas han mostrado interés pero han sido censurados por sus editores. Tenemos conocimiento de que ha ocurrido con El País y la SER, y habrá más que no sepamos. Pikara conoce el caso pero su asamblea editorial ha decidido no publicar nada al respecto. El Salto hizo una filípica llena de falacias y juicios de valor (son pijos, de derechas, solo hay tíos, etc.) para dejar tranquilxs a sus lectorxs. Y no nos gustaría que CTXT formase parte de esa lista negra, es el único medio en el que conservamos la fe (en general, no solo por este caso)».
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional trabaja estrechamente con la prensa para poner en el debate público los asuntos que cree relevantes en relación a los derechos humanos. Al igual que los medios analizados, depende económicamente de sus personas socias.
Tras la condena a Hasél la organización inició una intensa campaña de recogida de firmas. Bajo el lema Rapear no es delito defiende que «ninguna de las disposiciones del Código Penal debe poder criminalizar expresiones ni creaciones artísticas amparadas por el derecho a la libertad de expresión». Por otro lado, en un artículo escriben que «nos encontramos con una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibidor de la libertad de expresión en España”. Además, en un hilo de tweets exponen que:
- “Nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso”.
- “El Derecho Internacional sólo permite la persecución penal de expresiones que: i) Incitan de manera directa a cometer actos violentos ii) Si hay probabilidad de que se produzca dicha violencia y iii) Si existe conexión clara y directa entre esas expresiones y los actos violentos”.
- “Rapear no es un delito, así como tuitear un chiste no es terrorismo y hacer una representación con títeres no debería llevarte a la cárcel. Los gobiernos deben defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre”.
Todos estos argumentos son esgrimibles en el caso Homo Velamine.4Apuntaremos aquí que el encausado, Anónimo García, participó durante años en campañas contra las leyes mordaza y a favor de la libertad de expresión y la protesta pacífica tanto en Greenpeace como en la plataforma No Somos Delito. Como es conocido, las llamadas «leyes mordaza» son una serie de reformas legales impulsadas por el Partido Popular en 2014-2015 para acallar la amplia protesta social surgida tras el 15M. En la campaña de Greenpeace Anónimo García fue portavoz para medios internacionales. Cfr. Escaladores de Greenpeace despliegan una pancarta de 32 m2 en la grúa del Congreso contra la Ley Mordaza, Spain Accused of Bullying Protesters With New ‘Gagging Law’ o La protesta también es democracia. Ahí tuvo contacto estrecho con Amnistía Internacional, otra organización que también se oponía a las leyes y era integrante de No Somos Delito. Por otra parte, la afiliación de Anónimo García como socio de Amnistía Internacional durante los ocho años anteriores fue esgrimida por su abogado para solicitar el no ingreso a prisión en enero de 2021. Esta intensa campaña nos animó a hacerles llegar nuestro caso. Tras intercambiar varios emails esta fue su respuesta final:
Espero que estés bien dentro de lo que cabe y hayas disfrutado o puedas estar disfrutando de las vacaciones de Semana Santa. Sin lugar a dudas que que estos últimos meses han sido bien intensos en AI, imagino que también en Greenpeace, así que unos días de mayor pausa vienen de maravilla.
Te comento que hemos estado recogiendo la información que nos has ido pasando, la hemos leído y valorado, en la medida de nuestras posibilidades ante la alta carga de temas que suelen abordarse.
Sin lugar a dudas son pertinentes muchos de los comentarios que nos señalas, siendo la libertad de expresión uno de los temas que hemos venido trabajando con intensidad en el último periodo, trabajando por una reforma del Código Penal.
El último posicionamiento adoptado por Amnistía Internacional a este respecto, en relación con el caso de Pablo Hasel, se fundamentó en la preocupación ya manifestada por la organización hace ya varios años, en febrero de 2018, con el informe y campaña “Tuitea si te atreves”. En específico este informe ponía el acento en el artículo 578 del Código Penal relativo a “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”, que fue el artículo por el que Pablo Hasel entró en prisión.
Además contábamos con la previsión de hacer trabajo de campaña sobre libertad de expresión en este periodo, con lo que, no sin dificultades, fue factible realizar las acciones que finalmente llevamos a cabo.
Como bien señalas no es el único artículo del Código Penal que pedimos que sea eliminado o revisado para alinear la legislación española con los estándares internacionales de los derechos humanos en relación con el ejercicio de la libertad de expresión, haciendo también referencia a los relativos a injurias a la corona e instituciones del estado, ofensas a los sentimientos religiosos y delitos de odio. Respecto de estos delitos, llevamos años también instando a su eliminación del Código Penal, fundamentalmente a través de trabajo con el Parlamento.
En el marco de este trabajo, Amnistía Internacional no ha identificado ni ha documentado interferencias a la libertad de expresión como consecuencia de la aplicación del artículo 173 del Código Penal, que nunca ha incorporado a sus análisis sobre legislación penal y libertad de expresión.
En lo que respecta al caso concreto, tras valorar la documentación e información que nos habéis hecho llegar, entendemos las preocupaciones en materia de libertad de expresión que suponen estos pronunciamientos judiciales, en ninguno de los cuales se analiza ni se hace un balance sobre la posible interferencia de la sanción penal con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
No obstante, el hecho de que los hechos hayan afectado a una víctima de violencia sexual, hace efectivamente más complejo abordar la materia. No podemos considerar la pertinencia de realizar acciones y pronunciamientos públicos únicamente desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, sino que también debemos tomar en consideración la afectación e impacto que ya ha sufrido y que podría sufrir esta persona. En este sentido, Amnistía Internacional maneja con especial cuidado la difusión de información pública que esté vinculada o pueda afectar a una victima, necesitando contar para ello siempre con su previo consentimiento. Siendo esto una política de actuación de la organización en general, más allá de que actualmente mantenemos activa una campaña contra la violencia sexual como una las líneas de trabajo de la organización sobre derechos humanos en España.
En último lugar comentar que, siendo muchos los temas que trabaja la organización, contamos con unas capacidades limitadas, teniendo que priorizar y focalizarnos en algunos de ellos dentro de un abanico amplio de preocupaciones. Siendo conscientes de que hay más materias por las que merecería hacer una trabajo ante preocupaciones de derechos humanos, las que ya se encuentran dentro de nuestro ámbito de trabajo previa aprobación de planes y su correspondiente planificación anual son ya un abanico bien amplio y exigente, haciendo difícil que entremos a abordar al menos la totalidad de ellas como nos gustaría.
Es por todo ello que, agradeciendo la confianza por la que nos habéis hecho llegar el caso, hemos llegado a la conclusión de no poder abordar una campaña u otras acciones públicas en relación con el caso.
Siendo consciente que la respuesta deseada hubiera sido otra, tan solo compartirte que hemos realizado una profunda valoración sobre la misma.
Deseando lo mejor, un abrazo.
Poco después de enviarnos esta respuesta, la organización publicó un artículo en el que defindía que pueden existir restricciones a la libertad de expresión, por ejemplo para proteger los derechos de otras personas. Pero estas deben ser manifiestamente necesarias, es decir, lo menos intrusivas posible, además de proporcionales. En ningún caso deben ser penales, argumenta Amnistía.
Si hablamos de la situación de la libertad de expresión en España, hay que ponerse radicales, es decir, ir a la raíz del problema. Diversas organizaciones de la sociedad civil llevamos años denunciando cómo en España se vulnera gravemente este derecho. (…) ¿Por qué es tan importante defender la libertad de expresión? Cabe recordar que expresarse sobre cuestiones de interés público es esencial para mantener un debate informado y dinámico en nuestra sociedad, y que las personas que se dedican al arte y a la música desempeñan un papel crucial en cuestionar el status quo e inspirar el pensamiento crítico. Es por ello que el derecho a la libertad de expresión protege, incluso, mensajes y declaraciones que ofenden, escandalizan o molestan.
No analizaremos aquí la lista de excusas (¿pidieron permiso a las víctimas del terrorismo cuando apoyaron a Hasél? ¿Estaba en su planificación anual una campaña producida por una sentencia cuya fecha no se puede prever, o se trata de una oportunidad de fundraising? ¿No es especialmente grave que artículo del Código Penal se utilice por vez primera para limitar la libertad de expresión? Etc.) pero, parafraseando su propio tweet, esperamos que en el futuro la organización sea capaz de defender los derechos de las víctimas aparentes de violencia sexual sin silenciar las vulneraciones de la libertad de expresión en su nombre.
Conclusión: Autocomplacencia ideológica
La acción original de Homo Velamine consiguió retratar las malas prácticas de los grandes medios en relación a su búsqueda de información inmediata, efectista y barata. Más tarde, cuando estos tratan el proceso judicial, siguen desinformando: no pueden revelar la verdad porque les pone en evidencia. De ese modo, ante la opinión pública el caso pasa del real ultrarracionalismo vs. espectáculo mediático a «unos desalmados» vs. la víctima.
Aunque los medios establecieron ese falso dilema antes de que comenzara el proceso judicial, este lo apuntaló, dado que la denuncia es de la abogada de la chica de La Manada. Pero, a la vez, la letrada basa su denuncia en el relato desinformativo previo de los medios. Lo hace conscientemente: trata el tour como real a pesar que en el momento de interponer la demanda la web que lo anunciaba aclara desde hace meses que se trata de un fake. La abogada conoce esto pero lo pasa por alto, redactando una denuncia falsa. (Los detalles sobre la acusación pueden verse aquí).
Al establecer el dilema «unos desalmados» vs. la víctima los medios consiguen anular toda posible legitimidad del acto y quedar fuera del escutrinio. De ahí la pregunta que se hace la subdirectora de CTXT para no publicar el caso: «¿Habéis ahondado en la humillación a una víctima de violación?». Así dirigen a Homo Velamine a un callejón sin salida, al ser acusado de transgredir un grave tabú: haber dañado a una víctima. Además se produce una curiosa inversión, pues el acto original denunciaba cómo los medios de comunicación transgreden ese tabú sin que nadie se escandalice: hacer negocio a costa de las desgracias ajenas a través del espectáculo. Homo Velamine jugó demasiado grande.
Los tabús son señales atávicas que mantinen unida a una sociedad o grupo. Son unos límites que están más allá de toda argumentación o razonamiento. Dogmáticos e irreflexivos, respondemos a ellos de manera emocional: nos repugnan o nos agradan. Traspasarlos supone convertirse no en criminal sino en algo mucho más grave: hereje. Como complementa Juan Soto Ivars en La casa del ahorcado (2021), «dado que el tabú es contagioso, los ortodoxos saben muy bien que esta rebeldía debe ser controlada. Su presencia supone un peligro de ruptura y algo más grave para la ortodoxia: una pérdida de terreno en su ámbito de poder». En La Divina Comedia Dante reserva el último círculo del infierno y el mayor sufrimiento a la traición.
En lugar de aceptar una crítica, cuando un sistema de creencias se cierra sobre sí mismo (lo que ahora se conoce como cámara de eco) desecha toda duda, entierra todo error y acalla toda disidencia. Desprecia la oportunidad de aprovecharlas para mejorar sus argumentos y las censuran con la falsa seguridad de que la única forma de pensamiento válida es la propia.5En el lado contrario encontramos el ejemplo de la Internacional Situacionista, que requería a las personas que quisieran formar parte del grupo que eligieran un texto situacionista que creyeran criticable y que «destrozaran esa posición» (Internationale Situationniste #8, 1963, p. 59). «A la censura no le gusta admitir su existencia», apunta el escritor Danilo Kiš en Censura/Autocensura (1986). «Es solo una medida temporal que será suprimida en cuanto toda esa gente que escribe cartas, libros, etc. sea políticamente madura y responsable».
Homo Velamine es hereje porque en apariencia traspasa el tabú de dañar a la víctima, pero en realidad lo que hace es desvelar qué se esconde tras ese tabú: la falsa emotividad con la que hacen caja los grandes medios de comunicación, y con la que engrasan su mecanismo ideológico los medios de izquierdas. Mientras que el caso de Hasél es inocuo hacia los primeros, el de Homo Velamine desnuda sus engranajes. Mientras de Hasél refuerza la posición ideológica de los segundos, el de Homo Velamine les obliga a cuestionarla. Hace volar por los aires, con pruebas y datos, el fundamento de la izquierda identitaria: creer sin cuestionarlas a unas personas sobre otras en base a su identidad. Esta es la ultrarrazón profunda y religiosa que destapa este caso en concreto: las acciones de medios, jueces, y abogadas obligan a dudar de una persona encumbrada por medios e instituciones a un rango casi deítico, sobre la que no se puede arrojar ninguna pregunta, y sobre la que se basa un nuevo contrato social. Es decir, su conocimiento desvela precisamente el tabú por el que Homo Velamine ha sido condenado. Y si este caso es una denuncia falsa, ¿qué no habrá podido ocurrir en otros?
Podemos decir que los grandes holdings mediáticos son moralistas amorales: mantienen una moral en tanto que les sirva a su fin principal de beneficio económico, pero abrazarían y difundirían la herejía si considerasen que puede obtener una mayor aprobación del público. Por su parte, los pequeños diarios de adscripción ideológica son moralistas puritanos: defienden una moral acríticamente, acomodando los hechos a ella, reforzando el sesgo cognitivo de las personas subscritas, ocultando los casos que le contradicen y observando la pureza de su credo frente a «herejes y blasfemos». Es decir, contribuyen a la batalla ideológica que polariza la sociedad y generan pensamiento autocomplaciente bajo la apariencia de pensamiento crítico. Aun cuando Homo Velamine está generalmente de acuerdo con sus premisas ideológicas (defensa del medio ambiente, igualdad de género, redistribución de la riqueza, defensa de lo público, etc.), no podemos compartir esas prácticas dogmáticas que impiden toda posibilidad de autocrítica y que llevan invariablemente al capillismo. Tampoco creemos que se deban perseguir esos fines a costa de menoscabar derechos largamente luchados como la presunción de inocencia o la libertad de expresión.
Juan Soto Ivars (2021, p.214) apunta que «el estigma no solo destruye al hereje, sino también al diálogo. Fuerza a quien lo sufre a defenderse, lo cual es una trampa que obliga a jugar el juego de los inquisidores e induce al resto a posicionarse en favor en contra de un individuo y no a discutir las causas del escándalo». Y, efectivamente, si solo nos valemos de sentimentalismo, el espectáculo tiene el as ganador. Pero si la izquierda se encierra en su dogma y evita la reflexión crítica que le brindan casos como este deja en bandeja a que la derecha haga suyos derechos como la libertad de expresión o la igualdad ante la ley y abre el camino a que populismos de «hombre sencillo» como el de Trump se abran camino. Si los valores que la izquierda dice defender no son universales sino que dependen de la pureza ideológica de la persona a la que se juzgue, entonces la izquierda ha fracasado. Si no tolera la ambiguedad, si distingue víctimas de uno y otro lado o si rechaza el humor y la sátira, la izquierda deja de ser izquierda: se vuelve una marioneta del poder. Cuando tu «lucha» es la misma que la del poder econónimo, es el poder económico el que se manifiesta a través de ella.
Sirva esta simbiosis de discurso entre Tele5, ABC o Antena3 con El Salto, Público o Amnistía Internacional como prueba de ello.
Notas
| ↥1 | Hay ocho notables excepciones que recogemos en el siguiente apartado, No todos los medios desinforman. |
|---|---|
| ↥2 | Marisa Cuerda escribió un capítulo de libro sobre el caso: El art. 173 como cláusula de cierre frente al discurso molesto. El caso del «tour de la manada» como paradigma. |
| ↥3 | Durante los primeros meses de 2021 contactamos con multitud de periodistas, juristas y organizaciones progresistas. Además de ellas, muchas otras ya conocen el caso por contacto previo con Homo Velamine. La gran mayoría hicieron oídos sordos; Gerardo Tecé fue uno de los pocos que nos respondió y tuvo la determinación de proponer un tema tan controvertido a su revista, y le estamos agradecidas por ello. Como le habíamos escrito: «Suerte en esa pelea [con la subdirectora]. Ya habrás visto que estamos analizando el tratamiento mediático de forma bastante vehemente, y lo que cuentas ya nos ha pasado otras veces: algunos periodistas han mostrado interés pero han sido censurados por sus editores. Tenemos conocimiento de que ha ocurrido con El País y la SER, y habrá más que no sepamos. Pikara conoce el caso pero su asamblea editorial ha decidido no publicar nada al respecto. El Salto hizo una filípica llena de falacias y juicios de valor (son pijos, de derechas, solo hay tíos, etc.) para dejar tranquilxs a sus lectorxs. Y no nos gustaría que CTXT formase parte de esa lista negra, es el único medio en el que conservamos la fe (en general, no solo por este caso)». |
| ↥4 | Apuntaremos aquí que el encausado, Anónimo García, participó durante años en campañas contra las leyes mordaza y a favor de la libertad de expresión y la protesta pacífica tanto en Greenpeace como en la plataforma No Somos Delito. Como es conocido, las llamadas «leyes mordaza» son una serie de reformas legales impulsadas por el Partido Popular en 2014-2015 para acallar la amplia protesta social surgida tras el 15M. En la campaña de Greenpeace Anónimo García fue portavoz para medios internacionales. Cfr. Escaladores de Greenpeace despliegan una pancarta de 32 m2 en la grúa del Congreso contra la Ley Mordaza, Spain Accused of Bullying Protesters With New ‘Gagging Law’ o La protesta también es democracia. Ahí tuvo contacto estrecho con Amnistía Internacional, otra organización que también se oponía a las leyes y era integrante de No Somos Delito. Por otra parte, la afiliación de Anónimo García como socio de Amnistía Internacional durante los ocho años anteriores fue esgrimida por su abogado para solicitar el no ingreso a prisión en enero de 2021. |
| ↥5 | En el lado contrario encontramos el ejemplo de la Internacional Situacionista, que requería a las personas que quisieran formar parte del grupo que eligieran un texto situacionista que creyeran criticable y que «destrozaran esa posición» (Internationale Situationniste #8, 1963, p. 59). |
