Coste económico del proceso judicial

La justicia no es barata, y el caso Homo Velamine es prueba de ello.

En diciembre de 2020 el Tribunal Supremo nos impuso una triple condena: 18 meses de prisión, 15.000 euros de indemnización y las costas. Unas semanas después el ingreso en prisión quedó suspendido bajo la condición de cumplir la pena económica. Es una buena noticia que sin embargo queda empañada con ese requisito silencioso. Una dura condena en tiempo, recursos y preocupación invertidos en reunir ese dinero, lo que supone dedicar varios años en ello. Estos son los gastos hasta el momento:

Desglose por beneficiarios:

Para recuperarlo hemos abierto varios crowdfundings, en los que muchas personas nos están ayudando generosamente. Puedes ver el actual aquí.

Estos altos costes y las pocas probabilidades de éxito nos han llevado a considerar en más de una ocasión abandonar el proceso. Que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse depende de algo tan frágil como que la persona implicada quiera y pueda seguir recurriendo.

Los conceptos por los que nos demanda la abogada acusadora contienen ciertas irregularidades, que el juzgado de Pamplona ha dado por buenas:
– No compareció ante el juzgado el 15-03-2019, sin embargo incluye una partida (Criterio 108).
– Error de cálculo del 50% de 530€ (Criterio 116).
– Error de cálculo del 75% de 15.000€ (Criterio 152).
– Carga costas sobre un segundo delito del que nos han absuelto (Criterio 158).

Si os absuelven, ¿recuperaréis el dinero?

No, incluso si nos absuelven, el dinero pagado no se recupera. Esto es un gran fallo de la justicia, ya que premia la actuación dolosa de la abogada acusadora, que se lucra a costa de derechos fundamentales.

  • En caso de éxito ante el Tribunal Constitucional, este previsiblemente no ordenaría el reintegro sino que se devolviesen las actuaciones al Juzgado para que dictase una nueva sentencia respetuosa con los derechos constitucionales infringidos. Si dicha sentencia, como es de prever, fuese absolutoria, después se podría solicitar la devolución, pero resultaría muy complejo desde el punto de vista procesal y práctico.
  • En caso de éxito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este condenaría al Estado español a revisar la sentencia, pero no a devolver el dinero de indemnización ni costas.

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