Aparece cuando la demanda del Instituto Navarro para la Igualdad llega a punto muerto. Da el tour por real y acusa de «comercializar con el sufrimiento». Interpone una denuncia penal contra un derecho constitucional, con un artículo nunca antes aplicado para ello. Ante la acusación particular el proceso debe seguir adelante. La web de Consejo General del Poder Judicial lo publica y muchos medios lo replican.




